02 Marzo 2022

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El dentista que regenta una clínica dental debe estar preparado para saber cómo proceder ante diferentes acontecimientos, incluso los calificados como extraordinarios. Uno de ellos es la inspección por parte de la Administración Tributaria, que se realiza de forma completamente sorpresiva en la consulta, por parte de funcionarios del ramo, y que puede suceder por un criterio totalmente aleatorio. Debemos pensar que nuestra actividad se encuentra bajo su vigilancia, al igual que el resto de las profesiones liberales, por lo que siempre cabe la posibilidad de que se personen sus funcionarios para verificar que cumplimos con todas nuestras obligaciones fiscales. Ante dicha eventualidad, es menester saber cómo actuar y conocer cuáles son nuestros deberes y derechos.

Debemos partir del análisis e interpretación de dos preceptos constitucionales de gran importancia ante una inspección por parte de la Administración  Tributaria: el primero de ellos es el art. 31.1 de la Constitución Española, que establece que “todos (los ciudadanos) contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo (…)” (análogo a “Hacienda somos todos”, un eslogan que procede de Bravo Murillo en el S. XIX); y el segundo de ellos es el art. 18.2 del mismo texto constitucional que, a diferencia del anterior, ostenta rango de derecho fundamental, y que reza así: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial (…)”. Por lo tanto, debemos tener claro que la generación de beneficios de una actividad económica, como es la Odontología, conlleva el pago de tributos (término más genérico que “impuestos”) y que la entrada en el domicilio de un ciudadano solo puede realizarse por dos motivos: por consentimiento de su titular o por resolución judicial motivada. 

Una clínica o consulta dental, bajo el parecer del Tribunal Supremo, no goza de la especial protección que puede tener un domicilio particular, donde cualquier ciudadano desarrolla su vida privada, aunque han venido desde Europa nuevos aires que intentan asimilar nuestras clínicas a los domicilios en tanto en cuanto existe documentación con información sensible que debe ser protegida de miradas ajenas a la actividad. Recordemos que en nuestras “fichas”, tanto en formato papel como digital, generalmente se mezclan datos clínicos (antecedentes, patologías médicas, medicación, etc.) con datos contables (como el pago de una obturación o el presupuesto de la rehabilitación mediante prótesis).

Sentadas estas bases, debemos tener en cuenta que los inspectores se personan en nuestras clínicas sin previo aviso, sin nuestro conocimiento, mientras estamos pasando consulta. Es obvio este carácter sorpresivo, atendiendo al espíritu y a la finalidad de estas actuaciones: verificar que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales.

Es necesario que el titular o responsable de la clínica se encuentre de cuerpo presente durante la inspección. Es más, es crucial que se encontrase acompañado del asesor fiscal que le esté llevando la contabilidad y toda aquella tediosa actividad de presentación de trimestrales, pago de impuestos y alguna que otra atención a requerimientos de la Agencia Tributaria. Este acompañamiento garantizará, por un lado, que los inspectores sean atendidos con la diligencia que es debida, ya que los dentistas, generalmente, somos profanos de la jerga fiscal (con palabras como autoliquidaciones, libros de registros de ventas e ingresos, y un largo etcétera); y por otro lado, la interpretación del documento que hacen entrega los funcionarios al inspeccionado en la entrada y registro de la clínica, a los que podemos (y debemos) pedir que nos muestren sus tarjetas identificativas, donde deben aparecer datos como el nombre y apellidos, y un número identificativo como inspector o técnico. Existen dos posibilidades para poder desplegar las actuaciones inspectoras, que las vamos a ver de forma independiente. La primera de ellas se produce cuando los funcionarios se personan en la clínica dental, sin ningún tipo de autorización judicial. Para esta situación, es necesario el consentimiento del titular de la clínica, que puede ser bien expreso, mediante la firma de dicha autorización en un documento presentado por los funcionarios; bien tácito, permitiendo la entrada a la clínica, aunque los funcionarios se apresurarán en recabar la firma del titular para que quede constancia de dicho permiso. No se recomienda la negativa a la inspección (aunque legalmente sea posible), máxime si nuestro cumplimiento fiscal es correcto y no hay absolutamente nada que ocultar.  Y la segunda de ellas es la que se produce con la existencia de una resolución judicial que permite la entrada de los funcionarios en el interior de la consulta. En este caso, no es necesario que el titular de la clínica se encuentre presente durante la inspección, ya que los funcionarios tienen carta libre por parte de la autoridad judicial (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del territorio donde se ubica la clínica), la cual ha emitido un auto, perfectamente motivado, donde se analiza la idoneidad, necesidad y proporcionalidad que justifican la entrada y registro para llevar a cabo la inspección. En ambos casos (con y sin autorización judicial), se debe facilitar al titular de la clínica dental sus derechos y obligaciones que, por su importancia, se reproducen a continuación. Entre los derechos: (i) obtener información al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación sobre su naturaleza y alcance, y conocer sus derechos y obligaciones; (ii) saber la identidad de los funcionarios; (iii) ser tratado con el debido respeto y consideración; (iv) ser representado y/o asistido por el asesor fiscal o por un abogado; (v) manifestar lo que estime oportuno en relación con la inspección y que sea recogido en la documentación que portan los funcionarios, como diligencias y actas, de las cuales se obtendrán copias; y (vi) presentar alegaciones.